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Por Editor

Desde lo rural, hasta una nueva Constitución

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Opinión de Aracely Maturana Administradora Pública y Christian González estudiante de Administración Pública.

Nuestros orígenes se remontan a las tierras fértiles del Valle Colchagua, muy cerca de la localidad de Peor es Nada, un lugar donde no siempre llega el alcance de las políticas públicas. Donde el negocio de la educación no está presente, solo existe una pequeña Escuela Pública de madera con pocos alumnos, pero muchas ganas de aprender. Un lugar donde la producción agrícola es una de las mayores fuentes de trabajo y a pesar de aquello esta labor no es reconocida. Las temporeras trabajan en condiciones inimaginables, muchas veces sin contrato, ni prestaciones, sin un lugar para comer más que el surco de una hilera de plantación. 

Somos originarios de la ruralidad, donde la falta de oportunidades nos hizo tener que alejarnos de nuestras tierras, buscando nuevas instancias de crecimiento personal. Una historia que se repite mil veces. 

En la actual Constitución, no se menciona ni una vez las palabras; rural, ruralidad o campo. Esto es solo un reflejo de la falta de interés y desconexión que tienen con la configuración diversa de nuestro país. Según un estudio de la OCDE, un 83% de la superficie de Chile pertenece a territorio rural y aun así tuvimos que esperar hasta el año 2020, para que recién se publicará el Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre Política Nacional de Desarrollo Rural. Dentro de sus principales ejes de acción se encuentra; generar mayor acceso a los bienes y servicios, dinamismo económico, sustentabilidad medio ambiental y por último la potenciación de la cultura. Lo que finalmente, no se ha materializado, ya que debido a la falta de voluntades no se avanza y se siguen dejando los esfuerzos y los recursos en la Región Metropolitana. 

Estamos a semanas de cambiar el paradigma de la cultura centralista inmersa en nuestro país, la cual es una de las banderas de lucha de la nueva Constitución que, como premisa en esta materia, consagra un Estado Regional el cual, con aspectos como la igualdad territorial, la conectividad territorial y las comunas autónomas, le da cabida de forma significativa a los espacios rurales. Esta nueva constitución por lo demás viene a hacerse cargo de demandas históricas de parte de las comunidades rurales, en temas como la recuperación del agua y el aseguramiento para el consumo humano el cual viene consagrado en los derechos sociales y además se incluye en el estatuto de aguas como parte de la gestión comunitaria asegurando su protección, desde el ámbito laboral y agrícola se garantizan condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada que realizan las trabajadoras y los trabajadores de zonas rurales, además de promover la soberanía alimentaria para la agricultura campesina, en otras palabras, la propuesta considera demandas que por largos años no fueron tomadas en cuentas y son vitales para quienes hoy forman parte de la ruralidad. 

La participación de diversos convencionales pertenecientes a sectores rurales influyó significativamente a la inclusión de estas normas que acaban de una vez por todas con los vagos intentos de parte de la institucionalidad para darle mayor reconocimiento y atención a las demandas de las zonas rurales y sus habitantes.

¿ Es esta la vía que queremos? Sí, ya que de rechazarse la propuesta, el mundo rural seguirá en el desamparo que se encuentra hoy en día, al alero de una Constitución que no contempla sus derechos. Donde el “rechazar para reformar”, solo responde a una lógica centralista y paternalista de la vieja política, los cambios se necesitan ahora y no en medida de lo posible, la nueva Constitución consagra demandas que fueron olvidadas. Esta es nuestra oportunidad de darle la vuelta a la historia y entregarle a la ruralidad lo que se merece. 

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