Reglamentación térmica en viviendas: medir para mejorar sin perder la confianza

Opinión de Matías Yachan, Gerente General E3 Ingeniería.

Este año, Chile está dando un paso fundamental en la forma en que diseñamos y construimos nuestras viviendas a través de dos transformaciones clave en su reglamentación térmica. Por un lado, se actualiza la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) y, por otro, se vuelve obligatoria la Calificación Energética de Viviendas (CEV). Más allá de la normativa, es crucial entender la filosofía que impulsa este cambio: mejorar nuestra calidad de vida, protegiendo al mismo tiempo el bolsillo de las familias y el medio ambiente.

El objetivo principal es elevar el confort en nuestros hogares. Una vivienda bien diseñada térmicamente influye directamente en nuestro bienestar, afectando desde la temperatura que sentimos hasta la calidad del aire que respiramos. Condiciones deficientes repercuten en ausentismo laboral y enfermedades respiratorias. Sin embargo, alcanzar este confort no puede ser a cualquier costo. Para las familias, la principal barrera es el gasto en calefacción o agua caliente. Para el Estado, la externalidad negativa es la contaminación generada, ya que los combustibles más baratos suelen ser los más contaminantes. No es un dato menor que más del 90% de la huella de carbono de una vivienda se genera durante su uso, principalmente por la climatización.

Para abordar este desafío, el Estado ha optado por una estrategia dual, combinando dos tipos de metodologías: una prescriptiva y otra prestacional. La actualización de la OGUC es prescriptiva; establece condiciones de diseño cualitativas, como exigir un mayor nivel de aislación para que la casa "pierda menos calor". Es una lógica simple y directa.

En paralelo, la CEV es prestacional: busca cuantificar exactamente cuánto calor se perderá y, por ende, cuánta energía (y dinero) se necesitará para mantener el confort. Este enfoque cuantitativo es el futuro, pues permite a los usuarios conocer el gasto potencial de su vivienda y al Estado diseñar políticas públicas basadas en datos concretos.

Aunque esta dualidad pueda parecer compleja, es una precaución necesaria en esta fase de transición. Las herramientas de cálculo cuantitativo son relativamente nuevas y están en constante perfeccionamiento. Imponer metas numéricas rígidas sin tener un sistema robusto y validado podría erosionar la confianza de la industria y de los ciudadanos. Por ello, mantener un enfoque cualitativo (la OGUC) junto a uno cuantitativo (la CEV) ofrece un equilibrio entre la certeza y la innovación.

Aquí es donde se abre la oportunidad más interesante. La obligatoriedad de la CEV a partir de octubre de 2025 generará una base de datos enorme, con información de las cerca de 100.000 viviendas que se construyen anualmente en Chile. En lugar de que el Estado imponga una meta fija de consumo energético —que podría volverse obsoleta rápidamente—, podemos usar esta información para que el mercado se regule de forma inteligente.

La política pública podría simplemente exigir que las nuevas construcciones sean más eficientes que el promedio del año anterior. De esta forma, la cuantificación deja de ser un objetivo estático para convertirse en el motor de una mejora continua y orgánica. La media de eficiencia mejorará por sí sola, impulsada por la propia industria y guiada por el Estado, pero sin imposiciones que generen desconfianza.

Estos cambios normativos nos entregan una de las herramientas más concretas para enfrentar el cambio climático, mejorar la calidad de vida de las personas y aliviar su carga económica. El desafío para los profesionales del sector es materializar esta visión, entendiendo que el verdadero éxito no está solo en cumplir una norma, sino en construir un futuro más sostenible y confortable para todas y todos.

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